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La contratación pública verde ha llegado para quedarse


La nueva Ley de Contratos del Sector Público obliga a las Administraciones Públicas y a las empresas licitadoras a considerar en los procesos de contratación la toma en cuenta de aspectos medioambientales tales como la utilización por el licitador de energía renovable en la ejecución del contrato, así como el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, lo que puede ser conseguido con el suministro de comercializadoras de electricidad 100% verde.

Tras una notable demora en su tramitación parlamentaria, a finales del año pasado se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de marzo de 2018. La norma sustituye a la vigente desde 2011, y transpone en España las Directivas europeas de contratación aprobadas en el 2014. En dichas Directivas se implementaban medidas para conseguir una mayor transparencia en los procesos de contratación, se ampliaba el concepto de poder adjudicador y se establecían medidas para que la contratación pública se convirtiera en una herramienta eficaz para la consecución de políticas públicas.

La norma sustituye a la vigente desde 2011, y transpone en España las Directivas europeas de contratación aprobadas en el 2014

La nueva norma sustituye el criterio de “oferta económicamente más ventajosa” por el de mejor relación calidad-precio, pudiendo seleccionarse la mejor oferta en atención a criterios económicos y cualitativos. Entre los criterios cualitativos, los órganos de contratación podrán incluir en el pliego alguno de los siguientes aspectos medioambientales, entre otros: (i) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; (ii) empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética; (iii) utilización de energía procedente de fuentes renovable en la ejecución del contrato por el licitador; (iv) mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (art. 145).

Cuando la ejecución del contrato tenga un impacto significativo en el medioambiente, deberá aplicarse más de un criterio cualitativo de adjudicación. Entre los mismos, la norma incluye el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos. Su incumplimiento en fase de ejecución puede acarrear muy relevantes consecuencias para el contratista, si así se establece en los pliegos, constituyéndose como causa de resolución del contrato, o bien, como infracción grave, según los casos.

Cuando la ejecución del contrato tenga un impacto significativo en el medioambiente, deberá aplicarse más de un criterio cualitativo de adjudicación

La relevancia que la contratación “social y ambientalmente responsable” adquiere con la nueva regulación es clara: la norma recoge la jurisprudencia del TJUE por la que se establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar que, en la ejecución de los contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones medioambientales exigibles en normas de rango europeo, estatal e internacional (SS. de 10/7/2014, asunto C-213/13; 7/4/2016, asunto C-324).

En este sentido, han comenzado a dictarse algunas normas para concretar su aplicación (vid. Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública). Sin embargo, conviene recordar que, pese a existir un marco legal -el del TRLSC- que ya lo propiciaba, hasta el momento la inclusión de las consideraciones medioambientales ha brillado por su ausencia en los procedimientos de contratación españoles. Por ello, habrá que esperar un tiempo para analizar el grado de aplicación práctica de la norma, aunque, como se suele decir habitualmente, está claro que la contratación verde ha llegado para quedarse.

Víctor Silva Ortegón

Director de Legal y Regulación de Gesternova Energía

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